Reflexiones sobre la amnistía del procés
Introducción
Los recientes acontecimientos acaecidos en España, a consecuencia de los resultados electorales de las elecciones generales del 23 de Julio de 2023, me han sorprendido y preocupado. Me refiero a los acuerdos de investidura del PSOE con ERC y Junts.
Aunque el resultado electoral ya evidenciaba la polarización que existe en el país y la importancia que tendrían los partidos nacionalistas y regionales para una eventual investidura, reconozco que no supe prever lo que vendría.
El PSOE se ha asegurado la investidura con acuerdos incompatibles con sus compromisos electorales. Especialmente con las declaraciones del candidato socialista y los ministros de su gobierno.
Mi desconcierto, y supongo que el de muchas otras personas, proviene de dos distintos pero coincidentes en el tiempo:
- La posibilidad de una investidura basada en acuerdos que violan los compromisos electorales.
- La posibilidad de una amnistía que en principio se consideraba indeseable y, sobre todo, ilegal.
Pretendo en este artículo analizar ambas cuestiones. La primera es actualmente una cuestión ética y que me pregunto de si no debería ser también legal. Sobre la segunda, no entraré en el cuestionamiento de legalidad, porque no domino el Derecho y porque, previsiblemente, el Tribunal Constitucional se pronunciará más pronto que tarde zanjando el tema. En este caso, me interesa especialmente crear una opinión personal rereflexionada.
Como suelo hacer, expongo a continuación mi opinión personal antes de comenzar a indagar en el asunto con las únicas intenciones de ordenar las ideas y facilitar una posterior autocrítica.
Sobre los nacionalismos y el independentismo
Sobre los indultos y la amnistía
Retomando las referencias a los pasados resultados electorales, es discutible, que la causa de los acontecimientos que tuvieron lugar en el marco del “procés” se deban únicamente a la represión de un país sobre un sentimiento generalizado en una región concreta. En tal caso, si no se abren vías de escape, la presión puede aumentar peligrosamente. Si no permiten medios legales de algún tipo de acción democrática de autodeterminación, la vía ilegal es la única alternativa. Este es uno de los argumentos justificativos de aquellos que alentaron y organizaron las consultas. Sin embargo, mi opinión es que en realidad lo forzaron. Alimentaron durante bastante tiempo una retórica inflamatoria, creando mucho ruido y levantando pasiones haciendo parecer que representaban a una gran mayoría cuando en realidad, aún representando a mucha gente no parece que fuera más de la mitad o es lo que arguyen aquello que Puede que eso fuera lo que ocurrió en 2017. Las sentencias de 2019 así lo concluyen.
Modificacion en la tipificación de delitos
en la CE Art 62 se determina que “Corresponde al Rey […] Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Mientras que en artículo 102 se detalla que la prerrogativa real de gracia no será aplicable en los supuestos de responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno. Mi interpretación es que se refiriere en este caso exclusivamente al Gobierno estatal y no a los autonómicos.
Sobre los acuerdos que violan los compromisos electorales
Mas allá de todo tipo de argumentación de la conveniencia o no de los acuerdos que se han alcanzado cabe preguntarse nuevamente si se ha hecho de manera ética o democrática.
Esta situación de paz ha podido propiciar cierto sentimiento de autocomplacencia, de que las cosas se han hecho bien y que el independentismo perdía fuelle. Lo ocurrido en 2017 y de nuevo en 2023, es que la importancia del independentismo en España es enorme, al menos en términos de políticos y de polarización de la opinión pública.
Parece que algunas de las causas de que el independentismo catalán retomara fuerzas y culminara con el “referéndum ilegal” y la posterior declaración de independencia en 2017 tienen origen en 2006. En ese año se acordó y aprobó un nuevo estatuto de independencia que luego, en su mayoría, fue declarado inconstitucional. En la práctica dicha reforma perdió su utilidad y razón de ser, aquellas expectativas largamente esperadas y alcanzadas muy brevemente, quedaría definitivamente fuera de su alcance. Fue como dar un caramelo a un niño e inmediatamente después quitárselo de la boca. Me imagino el sentimiento de descontento y desafección hacia España que eso despertaría en algunos.
No obstante, por experiencias personales cercanas y por ciertos comportamientos públicos del Poder Judicial y del Ejecutivo, no tengo más remedio que poner en duda tanto la separación de poderes en España, es decir, la independencia de los jueces y su actuación ejemplar sin desviaciones de lo puramente jurídico debido a injerencias de intereses particulares o convicciones personales.
Me surge la duda de si los indultos concedidos en 2021 se pueden interpretar como una confirmación de la validez o rigurosidad de dicha sentencia. Aunque desconozco las implicaciones de un indulto, parece que este no borra el hecho de haber sido condenado por un delito. Parece que sus penas si son eliminadas aunque sólo parcialmente. Por ejemplo, Uriol Junqueras, estuvo 4 años en la cárcel en vez de 13 (quizás por beneficios penitenciarios, lo desconozco) pero su inhabilitación para la enseñanza y el ejercicio de puestos públicos si permanece intacta.
Valorando la cuestión de los indultos muy superficialmente, y teniendo en cuanto lo expuesto sobre la vía ilegal como única alternativa posible, puedo entender que los dirigentes del Gobierno catalán decidieran llevar a cabo el referéndum. El independentismo contaba con un apoyo electoral mayoritario, aunque la participación en el referéndum fue prácticamente nula. La baja participación se podría ser resultado de alguna de estas opciones no excluyentes: ya se sospechaba de antemano que el proceso podría no ser legal, y que carecía de garantías; al tratar de participar uno se exponía a la posibilidad de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, paradójicamente peligrando su seguridad personal; el apoyo real al independentismo de facto no era tan alto como se creía.
En cualquier caso, creo que el proceso que culminaría con la declaración de independencia fue un fraude democrático. La participación de dicho referéndum fue, si no me equivoco, de en torno al 4%. ¿Como se puede sustentar objetivamente esta decisión unilateral de independencia con esa cifra de participación? El referéndum “a escondidas”, lo entiendo, puedo compartir que su inexorabilidad e incluso su necesidad, pero dicha declaración no tiene fundamento democrático alguno.
Terminando ya con esta suerte de relato de hechos acompañados de una valoración personal, llegamos a 2023 con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. A falta de analizar los acuerdos con ERC, básicamente sobre la sesiones a la Comunidad Autónoma, y con Junts, sobre la Amnistía. Esto me genera muchas dudas, y aquí ya no puedo evitar entrar en la valoración de intenciones, las de Pedro Sánchez concretamente. Las de ERC y Junts son claras, y sobre todo, sabidas de antemano. Las del PSOE no.
Evidentemente el PSOE persigue lograr el gobierno de otra legislatura, esto es previsible. Lo sorprendente ha su cambio de posición radical sobre la Amnistía. Es cierto, que ya levantaba ciertas suspicacias cuando respondían a la pregunta de una hipotética Amnistía. Su respuesta: “No, porque es inconstitucional”, es decir, ilegal. En realidad no responde con su opinión sino con una limitación aparentemente insuperable, que hace irrelevante su disposición real a una hipotética Amnistía. Es como cuando tratando de ligar, te responden, “no puedo, tengo novio/a”. ¿eso que quiere decir, que no quieres o que si quieres pero no puedes?, no es lo mismo. Nunca se sabrá si antes querían o no, si antes pensaban que una amnistía podía ser útil o no para la convivencia y la resolución del conflicto.Ahora, con la reducción de poder a causa de los resultados políticos si que quieren, pero ya no podemos saber si las razones dadas, las del bien común, son sinceras o no. Es evidente que no han sido transparentes con la ciudadanía, y si parte de sus votantes se sienten engañados, pero parecería lógico.
Más allá de esta cuestión de incoherencia política, bastante habitual en todos los partidos, surge la cuestión del valor que se le ha de dar a las elecciones, o mejor dicho a los resultados electorales. A diferencia de lo que algunos dirigentes del PP denuncian, no nos encontramos en una dictadura. Este acuerdo y cualquier otra decisión que tome el gobierno posteriormente es legítima. El nuestro es un Estado de Derecho, basado en una democracia representativa parlamentaria. El poder lo ejerce la mayoría de escaños en nuestro nombre, les hemos dado permiso. Será responsabilidad de cada uno de los parlamentarios, en el congreso y en el senado, los que con sus votos, determinen si la decisión, como cualquier otra iniciativa legislativa, llegue a buen término o no. La mayoría decide. La decisión es democrático y legal, el contenido del acuerdo ya se verá también cumple la legislación cuando los tribunales se pronuncien eventualmente. Lo que pongo en duda no es eso, sino de hasta que punto resulta moral dicho tipo de acciones políticas.
No quiero profundizar demasiado en esto, porque es en realidad otro tema, pero no quiero de dejar de exponer mis dudas sobre la idoneidad del sistema actual. Quizás una mayoría parlamentaria no debería ser condición suficiente para llegar a acuerdos de los que previamente la ciudadanía desconocía en el momento de las elecciones. Los votos no pueden ser cheques en blanco. Tiene que haber limitaciones, salvo en casos de emergencia, y mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía pronunciarse de manera vinculante. Y no solo me refiero con esto al tipo de decisiones que, por ejemplo, no constaban en el programa electoral. También considero que vistos los resultados electorales, donde la mitad de escaños son para un partido y la otra mitad para otro, en vez de afanarse en lograr mayorías frágiles, ¿no sería más democrático y, por tanto, ético, que los partidos mayoritarios se esforzaran en llegar a un acuerdo de mínimos? De sea manera representarían más fielmente a la voluntad mayoritaria del país, y de paso, nos evitaríamos algunos enormes chantajes a cambio de unos pocos votos.
Volviendo a la amnistía, desconozco sus implicaciones prácticas. Supongo, que a diferencia del Indulto, la Amnistía si borra por completo el delito y, por tanto, sus penas. Dependiendo de las condiciones me podría parecer bien o todo lo contrario. Solo me parecería adecuado si se da una situación de “win-win” y, por el momento, esto lo pongo en duda. A priori me habría sentido más cómodo con los indultos por un lado y la apertura de la via del referendum constitucional por el otro.
Toca analizar la realidad para tener una opinión informada y reflexionada.
Los hechos
2006
2012
2014
2017
2023
En la actualidad, pasado un lustro, esas razones, de haber existido, parecen haberse disipado. Antes de las últimas elecciones parecía que los esfuerzos políticos del “procés” habían logrado crear una masa con suficiente inercia como para continuar creciendo de manera independiente de sus creadores. Sin embargo, los resultados en los partidos independentistas en las elecciones de 2023 no se concuerdan con dicha descripción.
Bibliografía
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